Informe sobre incidentes de violaciones de DD. HH por represión en Cuba Septiembre de 2026.

En contexto:

Septiembre de 2026 se enmarcó dentro de un panorama político caracterizado por la continuidad del dominio de una estructura de partido único, manteniendo un alto grado de centralización del poder institucional. Se observó un mantenimiento activo y disuasorio por parte del aparato de seguridad estatal en el espacio público, cuyo objetivo primario fue contener cualquier manifestación o expresión de disenso político fuera de los canales aprobados por ellos. Esta gestión del riesgo se orienta al control riguroso de las libertades individuales y colectivas, siendo percibido como un requisito esencial para la preservación de la estabilidad política interna.

En el ámbito socioeconómico, las dificultades persistieron en septiembre, actuando como motor principal del incremento de la tensión social. Las fluctuaciones críticas en los servicios básicos, particularmente en el suministro energético, sumadas a la inflación galopante y al desabastecimiento generalizado de bienes esenciales, profundizaron la precariedad económica. Este contexto agudizó las condiciones de vida, lo cual catalizó protestas y demandas vecinales en distintas regiones del país. La respuesta institucional ante estos movimientos de protesta incluyó el uso visible de fuerzas policiales, la aplicación de medidas restrictivas a los servicios digitales (internet y telecomunicaciones), y una vigilancia creciente sobre las organizaciones comunitarias y voces disidentes.

En consecuencia, los registros de violaciones de derechos humanos durante septiembre evidencian la consolidación de prácticas sistemáticas de represión dirigidas a segmentos específicos de la población civil. Entre las incidencias documentadas se encuentran detenciones sin el debido proceso, el hostigamiento dirigido contra el periodismo y activistas, la limitación de la libre circulación, y fallos en el respeto de garantías judiciales fundamentales.

El presente informe muestra diversas violaciones de DD. HH contra la sociedad civil cubana por parte del Estado. La Red en Defensa de los Derechos Humanos (RDDH) ha recopilado y registrado una serie de incidentes de represión en la base de datos, permitiendo identificar múltiples violaciones a los derechos humanos.   

Al igual que periodos anteriores, algunas personas fueron víctimas en más de una ocasión. En el 4,1 % del total de incidentes fueron afectados grupos determinados de personas.

Incidentes de hostigamiento que más se repiten:

Los incidentes de hostigamiento que más se repitieron durante el mes que se analiza fueron: 

●  Discriminación por razones de orientación y/o afiliación política: con 256 incidentes reportados en este periodo, mostrando aparente disminución de 3 casos comparado con el mes de agosto de 2026. Seguido de:

●  Ataque a la integridad física y/o mental: con 251 incidentes reportados, mostrando disminución en 3 casos en comparación  con el mes anterior.

●     Amenaza o Intimidación: con 219 reportes, aumentó en 11 casos al comparar con el mes precedente,

●   Acoso y hostigamiento, con un total de 184 incidentes durante este mes, mostró una ligera disminución de 5 incidentes en comparación con el mes de agosto del presente año. 

En el ámbito de las prisiones los incidentes más denunciados son:  

• Restricción inadecuada o ilegal al acceso de los servicios de salud para las personas privadas de libertad con 22 casos, cifra que muestra disminución en 7 casos, afectando a 17 presos de conciencia, de estos 9 manifestantes del 11J. Seguido de:

• Reclusión o confinamiento en aislamiento con 3 incidentes, disminuyó en 9 comparado con el mes de agosto pasado, 3 contra presos políticos, 2 de ellos manifestantes del 11J. 

Este tipo de incidente es de mucha preocupación por el riesgo que sufren para su seguridad las personas en prisión que son además grupos vulnerables, a quienes someten a tratos inhumanos, crueles y degradantes e incluso torturas, según reportes y testimonios que facilitan conocidos, amistades y familiares de las víctimas.

Las autoridades suelen calificar a los opositores pacíficos al gobierno, a los activistas y a defensores de Derechos Humanos de "contrarrevolucionarios." Pero la invocación por parte del gobierno cubano de los intereses de la Seguridad del Estado para controlar la disidencia no violenta por actos tan naturales como la libre expresión o publicación en redes sociales de problemas económicos o políticos que afectan al ciudadano, constituye un claro abuso de autoridad. En virtud del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las restricciones de derechos fundamentales sólo se pueden imponer "con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática." Las iniciativas del Gobierno cubano para silenciar las voces disidentes se salen claramente de estos límites.

Derechos más afectados:

• Derecho a la no discriminación: con 260 incidentes,  disminuyó en 8 casos comparado con el pasado mes de agosto.

La Constitución cubana protege el derecho a la no discriminación, aunque en la práctica las autoridades lo violan indiscriminadamente. Y el Estado tiene que garantizarlo como derecho universal y erga omnes[1]. Sin embargo, la discriminación por motivaciones políticas se excluye dentro del catálogo de formas de discriminación que están prohibidas por la ley. Esto permite la discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios que deberán decidir si a su juicio esta discriminación es lesiva a la dignidad humana o no. La discriminación por razones de orientaciones y/o afiliación política viola el principio de legalidad, la autoridad abusa de su poder y el Estado le garantiza impunidad.

• Derecho a la Libertad de pensamiento, conciencia, culto o religión: con 256 incidentes reportados en este periodo mostró disminución de 3 incidentes al comparar con el mes precedente.

En el caso de la libertad de pensamiento y conciencia culto o religión, reconocidos en los Art. 54 [2] y Art. 57 [3] de la Constitución, son derechos que no admiten restricción alguna y que por tanto no lo pueden restringir ni criminalizar, sin embargo, el estado cubano lo hace continuamente

• Derecho a la libertad y seguridad personal: con un total de 219 violaciones en el mes, aumentó en 4 si comparamos con el periodo de agosto pasado.  Especificando que, de estas,   26 (-14) fueron detenciones arbitrarias e ilegales , 28 personas se mantuvieron sitiadas en la vivienda bajo vigilancia y 36 fueron amenazados por los órganos represivos para restringir su movilidad.

• Derecho a la Salud con 28 violaciones en el mes, mostró disminución en 8 casos.

La negación de atención médica que reportó 33 (-4) casos en el mes, en esta ocasión 22 contra personas privadas de libertad, 17 presos de conciencia entre los que se encuentran 9 manifestantes del 11J. Esto no solo agrava el estado de salud de estas personas recluidas, sino que también viola principios fundamentales del derecho internacional sobre el trato digno y el derecho a recibir atención médica sin discriminación.

[1] Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

[2] Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

[3] Artículo 57. Toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley.

El Gobierno cubano mantiene a su considerable población penitenciaria en condiciones por debajo de la norma y en condiciones insalubres, en las que los presos, además se enfrentan al abuso físico y mental. Las prácticas penitenciarias cubanas no se ajustan en numerosos aspectos a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (ONU) para el Tratamiento de los Reclusos, que ofrecen las directrices más autorizadas sobre el tratamiento de presos.

La mayoría de los presos padecen malnutrición, fruto de una dieta insuficiente en las prisiones y languidecen hacinados en celdas sin una atención médica adecuada. Algunos soportan abusos físicos y mentales en general por parte de otros internos o con la aquiescencia de los guardias, o prolongados períodos en celdas de aislamiento. Las autoridades penitenciarias insisten en que todos los detenidos participen en sesiones de "reeducación" política bajo la amenaza de medidas punitivas. En muchas prisiones, las autoridades no separan a todos los presos preventivos de los condenados ni a los jóvenes de los adultos. Los menores se exponen, además, a la detención indefinida en reformatorios, sin garantías del debido proceso ni una sentencia concreta.

Ø  Las fuerzas represivas han incidido en diversos lugares para realizar sus actos represivos representándose gráficamente la mayor incidencia en las prisiones o centros penitenciarios, en el propio domicilio de la víctima y en la vía pública, demostrando el acoso y la vigilancia contante sobre las víctimas.

Víctimas por géneros

De acuerdo con los datos recopilados en la base de datos la RDDH se pudo identificar que de los 271 incidentes que afectaron a 260 víctimas identificadas, como ha sido común cada periodo, se registraron más hombres 179 (68.8 %) que mujeres 81 (31.2%).

Es de significar que las víctimas que reportan en este periodo son identificadas según sus vínculos políticos como: Presos políticos 105, (31 presos del 11J), Activistas y defensores de los Derechos Humanos con 91, Damas de Blanco 5, periodistas independientes 71, familiares de presos políticos con 15. Del total general 51 de las víctimas no tienen vínculos políticos y no pertenecen a ONG alguna.

 De los incidentes de represión reportados en este periodo, 38 de las víctimas fueron manifestantes del 11J (31 presos) y 4 son familiares de los manifestantes.

De ese total de incidentes, 63 fueron contra personas que reportan violaciones por primera vez y que son nuevas víctimas.

Resaltando de los reportes de este mes, un total de 10 incidentes son de violencias contra la mujer, clasificados 4 como feminicidio. Estos hechos de violencia contra la mujer donde se viola el “Derecho a la Vida” en la que le causa la muerte ha ido en incremento en los últimos periodos y las autoridades han tenido conocimiento del acoso a las víctimas en la mayoría de los casos antes de que ocurra el hecho, y por no gestionarse por dichas autoridades el enfrentamiento a las conductas feminicidas y no existir una ley que proteja a la mujer se obtiene este resultado negativo y lamentable.

 Del total de incidentes reportados en este periodo, el 46,2 % de las víctimas afectadas e identificadas son ciudadanos afrodescendientes mostrando así discriminación racial.

Provincias más afectadas.

De las 15 provincias que componen el país, todas reportan incidentes de represión en este periodo y las más afectadas son: 

• La Habana con 141 reportes, muestra aumento de 22 reportes comparada con agosto pasado, continúa siendo la más afectada, acumulando el 52 % del total reportados en este mes de septiembre. Seguida de:

• Camagüey con 40, aumentó en 7. 

• Villa Clara con 18 incidentes aumentó en 3 y

• Mayabeque con 12 casos se mantuvo igual que el periodo anterior.

Municipios más afectados:

De los 168 municipios del país 48 reportaron incidentes de represión mostrándose la mayor incidencia en:

A.           Camagüey con 34,  es el más afectado y aumentó en 10 al comparar con agosto pasado, seguido de:

B.           Plaza de la Revolución con 20 incidentes mostrando un aumento de 8 casos,   

C.           Diez de octubre con 17 incidentes,  aumentó en 3 en compararación con agosto y

D.           Boyeros con 16 y Santa Clara con 15 mostraron aumentos de 8 y 9 respectivamente. En estos 5 municipios está acumulado el 37.6 % del total de los reportes.

Conclusiones;

Durante septiembre de 2026, la represión en Cuba se mantuvo en niveles críticos con 271 incidentes documentados, evidenciando una estrategia estatal diseñada para asfixiar cualquier disenso mediante el hostigamiento y la discriminación ideológica. La Habana se consolidó como el principal foco de abusos, mientras que el uso de la negación de servicios médicos a presos políticos y la impunidad garantizada por un sistema judicial subordinado a la Seguridad del Estado reflejan una crisis de derechos humanos profunda. Ante el subregistro de casos por miedo a represalias y la ausencia de garantías legales, el informe subraya la urgencia de una observación internacional continua para denunciar esta vulnerabilidad extrema de la sociedad civil.