Declaración de la Red en Defensa de los Derechos Humanos

En relación con la reciente noticia en la que se anuncia la liberación de 553 personas sancionadas, La Red en Defensa de los Derechos Humanos -RDDHH- expresa su preocupación ante la falta de transparencia, así como la manipulación con la que se ha manejado este asunto, no solo por parte del régimen de la Habana sino también por la administración demócrata liderada por el presidente Biden.

Esta acción que además se ha llevado a cabo al unísono con la noticia por parte del gobierno de Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, evidencia una negociación cómplice entre ambos gobiernos.

Por su parte, el gobierno cubano manifestó su inconformidad por el carácter “limitado” de estas medidas, argumentando que no eliminan por completo las restricciones del bloqueo económico, cuando en realidad lo que debe tenerse bien claro que nunca se debió utilizar como fichas de cambio a las personas privadas de libertad solo por exigir derechos que le son, incluso, reconocidos en la propia Constitución de la República y otros documentos internacionales.

El 20 de febrero de 2023, organizaciones de derechos humanos como es el caso de Cubalex, alertaron sobre las consecuencias de negociaciones en las que personas privadas de libertad son utilizadas como moneda de cambio para obtener beneficios diplomáticos y políticos. Estas advertencias incluían denuncias sobre la expatriación forzada y la ausencia de garantías para las víctimas.

Ha sido siempre una estrategia del régimen cubano, el no reconocimiento de la existencia de presos políticos: La declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores lo omite y los define como “personas sancionadas por delitos diversos”, sin reconocer que muchos fueron detenidos arbitrariamente por ejercer derechos fundamentales, como la libertad de expresión a través del derecho a la protesta.

La liberación de estas personas ha sido anunciada sin involucrar ni informar a los familiares de los prisioneros y durante el proceso de negociación con su contraparte, se mantuvo siempre un gran hermetismo pues todo se desarrolló  a puertas cerradas, excluyendo a quienes han sufrido directamente las consecuencias de la represión y que deberían ser parte activa en el proceso de negociación, incluso a la sociedad civil independiente que tanto ha exigido y luchado porque fuesen liberados desde el primer día y durante todo el tiempo que permanecieron en injusto encierro.

La motivación política más que un compromiso genuino con la justicia y los derechos humanos podría ser el verdadero móvil del gobierno de la isla y si ha esto le sumamos que la cifra de posibles excarcelados no se corresponde con el total de personas privadas de libertad que se estiman en unos 1000 aproximadamente, según lo señalan algunas fuentes, dejan sin posibilidad de disfrutar de su libertad a casi la mitad de las personas privadas de su libertad, que hoy sufren todo tipo de violaciones a sus derechos dentro de las cárceles cubanas.

Si bien todos merecen ser puestos en libertad, debemos reconocer que existen personas reconocidas por su activismo pacifico en la lucha por la libertad y los derechos humanos que no se sabe aún si entran dentro de los 553 que serán liberados, como es el caso de los miembros del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero y Maikel Castillo por solo citar algunos ejemplos.

El gobierno cubano debiera proyectarse con la debida transparencia posible y dejar claro cuáles serían las garantías para evitar nuevas detenciones, hasta este momento la declaración del gobierno cubano omite cualquier compromiso para cesar las detenciones arbitrarias y proteger a las personas liberadas de nuevas represalias.

El hecho de que no se haya contemplado la participación de la sociedad civil en la creación de mecanismos de apoyo para los excarcelados, para su rehabilitación y asistencia integral por haber estado expuestos a condiciones deplorables dentro de las prisiones, corrobora que el gobierno cubano, no tiene contemplado estas obligaciones, ignorando los estándares internacionales de derechos humanos al no establecerse un sistema de reparación integral para las personas injustamente encarceladas.

Según dichos estándares, las víctimas de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes tienen derecho a recibir una reparación como parte de las obligaciones que cada gobierno tiene cuando se produce una violación de derechos humanos contra cualquier ciudadano.

La RDDHH, exhorta a la comunidad internacional a exigirle al gobierno cubano garantías para las personas liberadas. Solicitamos además que la liberación de estas personas forme parte de un proceso transparente, en el que se les asegure todos sus derechos sin menoscabo a su dignidad y sin ningún atisbo de discriminación.

La RDDHH ha seguido muy de cerca cada detención, y cada violación de los derechos humanos de las personas detenidas en los sucesos del 11J y de otros que le sucedieron, así como las violaciones de múltiples derechos cometidas dentro de las cárceles cubanas, por lo tanto consideramos que se debe tener en cuenta la liberación de todos los presos políticos y no solo una parte de ellos; los que queden en prisión, seguirán siendo víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos y sin la más mínima garantía para su seguridad.