Informe sobre incidentes de violaciones de DD. HH por represión en Cuba: “Año 2025”.

En contexto:

En 2025, Cuba atravesó una de las crisis socioeconómicas más agudas de su historia reciente, caracterizada por un colapso sistémico en la provisión de servicios esenciales. La escasez crítica de alimentos y medicinas, junto con una crisis energética crónica que genera apagones prolongados, ha deteriorado profundamente los derechos económicos y sociales de la población. Esta precariedad, agravada por una inflación persistente y la ineficacia de las reformas estatales, ha sumido a gran parte de la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad extrema, comprometiendo el acceso a un nivel de vida digno y a la salud pública.

En el ámbito civil y político, el Estado ha mantenido un control férreo sobre el espacio público, apoyado en un marco legal que criminaliza la disidencia y el activismo independiente. El Código Penal vigente se utiliza sistemáticamente para perseguir el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y prensa, resultando en la permanencia de cientos de presos políticos y en un patrón continuo de detenciones arbitrarias y vigilancia hostil contra críticos del gobierno. La falta de independencia judicial impide el acceso a procesos justos, consolidando un entorno de impunidad para las autoridades y de indefensión para la sociedad civil.

Esta coyuntura ha consolidado un flujo migratorio masivo y sin precedentes, que refleja la desesperanza social y la búsqueda de derechos básicos en el exterior. Las protestas espontáneas que surgen debido al deterioro de las condiciones de vida son contenidas mediante tácticas de represión y control social, limitando cualquier posibilidad de diálogo político plural. En 2025, la situación de los derechos humanos en Cuba se define por una brecha creciente entre las demandas ciudadanas de libertad y bienestar, y una estructura estatal que prioriza la continuidad política sobre la garantía de los derechos fundamentales.

El presente informe muestra diversas violaciones de DD. HH contra la sociedad civil cubana por parte del Estado. La Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH) ha recopilado y registrado una serie de incidentes de represión en la base de datos, permitiendo esto identificar múltiples violaciones a los derechos humanos.   

Entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2025 se registraron:

3511 reportes de violaciones a DDHH.

       9.6 casos como promedio diario.

  3310 víctimas identificadas.

     547 incidentes más que en igual periodo del año 2024*

Al igual que periodos anteriores, algunas personas fueron víctimas en más de una ocasión. En el 5,7 % del total de incidentes fueron afectados grupos determinados de personas.

Incidentes de hostigamiento que más se repiten:

Los incidentes de hostigamiento que más se repitieron durante el año 2025 fueron: 

●  Discriminación por razones de orientación y/o afiliación política: con 3338 incidentes reportados en este periodo, mostrando aumento en 2249 casos comparado con el año 2024. Seguido de:

●    Ataque a la integridad física y/o mental: con 3158 incidentes reportados, aumentando en 2217 casos en comparación con el año precedente.

●    Amenaza o Intimidación: con 2754 reportes, 1495 más que en 2024,

●  Acoso y hostigamiento, con un total de 2490 incidentes durante este mes, mostrando aumento de 81 incidentes en comparación con el periodo anterior. 

Los actores de los hechos en este periodo son:

§  Oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil 1057, el 30,1 % del total,

§  Funcionarios de prisiones 858 hechos (24,4%) 

§  Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria vestidos de completo uniforme 246 (7%),

§  Ambos en conjunto (DSE y PNR); 404 actos represivos el 11,5 %.

§  Por representantes del poder judicial 454 hechos, el 12,9 % del total, pero en todos los casos bajo las órdenes, orientaciones y supervisión de la Seguridad del Estado.

En el ámbito de las prisiones los incidentes más denunciados son:  

• Restricción inadecuada o ilegal al acceso de los servicios de salud para las personas privadas de libertad con 323 casos que aumentó en 50, afectando a 181 presos de conciencia, de estos 112 manifestantes del 11J. Seguido de:

• Reclusión o confinamiento en aislamiento con 65 incidentes, aumentó en 1 comparado con el año 2024 pasado, 59 contra presos políticos, 33 de ellos manifestantes del 11J.

Este tipo de incidente es de mucha preocupación por el riesgo que sufren para su seguridad las personas en prisión que son además grupos vulnerables, a quienes someten a tratos inhumanos, crueles y degradantes e incluso torturas, según reportes y testimonios que facilitan conocidos, amistades y familiares de las víctimas.

Las autoridades suelen calificar a los opositores pacíficos al gobierno, a los activistas y a defensores de Derechos Humanos de "contrarrevolucionarios." Pero la invocación por parte del gobierno cubano de los intereses de la Seguridad del Estado para controlar la disidencia no violenta por actos tan inocuos como la expresión o publicación en redes sociales de problemas económicos o políticos que afectan al ciudadano, constituye un claro abuso de autoridad. En virtud del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las restricciones de derechos fundamentales sólo se pueden imponer "con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática."

Derechos más afectados:

●  Derecho a la no discriminación: con 3428 incidentes, lo que muestra aumento de 590 casos comparado con el pasado año.

●   Derecho a la Libertad de pensamiento, conciencia, culto o religión: con 3327 incidentes reportados en este periodo, cifra que aumentó en 757 incidentes comparado con el año 2024.

La Constitución cubana protege el derecho a la no discriminación, aunque en la práctica las autoridades lo violan indiscriminadamente. Y el Estado tiene que garantizarlo como derecho universal y erga omnes[1]. Sin embargo, la discriminación por motivaciones políticas se excluye dentro del catálogo de formas de discriminación que están prohibidas por la ley. Esto permite la discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios que deberán decidir si a su juicio esta discriminación es lesiva a la dignidad humana o no. La discriminación por razones de orientaciones y/o afiliación política viola el principio de legalidad, la autoridad abusa de su poder y el Estado le garantiza impunidad.

En el caso de la libertad de pensamiento y conciencia culto o religión, reconocidos en los Art. 54 [2] y Art. 57 [3] de la Constitución, son derechos que no admiten restricción alguna y que por tanto no lo pueden restringir ni criminalizar, sin embargo, el estado cubano lo hace continuamente.

●   Derecho a la libertad y seguridad personal.: con un total de 2785 violaciones en el año, aumentando en 542 si comparamos con igual periodo del año anterior.  Especificando que de estas 533 fueron detenciones arbitrarias e ilegales.  

●  Derecho a la Salud con 323 violaciones en éste periodo mostrando una muy discreta disminución de 1 incidente comparado con el año 2024.

La negación de atención médica que reportó 323(-4) casos en el mes, en esta ocasión 231 contra personas privadas de libertad, 216 presos de conciencia entre los que se encuentran 88 manifestantes del 11J. Esto no solo agrava el estado de salud de estas personas recluidas, sino que también viola principios fundamentales del derecho internacional sobre el trato digno y el derecho a recibir atención médica sin discriminación.

[1] Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

[2] Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

[3] Artículo 57. Toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley.

El Gobierno cubano mantiene a su considerable población penitenciaria en condiciones por debajo de las normas establecidas y en condiciones insalubres, en las que los presos se enfrentan al abuso físico y mental. Las prácticas penitenciarias cubanas no se ajustan en numerosos aspectos a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (ONU) para el Tratamiento de los Reclusos, que ofrecen las directrices más autorizadas sobre el tratamiento de presos.

La mayoría de los presos padecen malnutrición, fruto de una dieta insuficiente en las prisiones y languidecen hacinados en celdas sin una atención médica adecuada. Algunos soportan abuso físico y mentales en general por parte de otros internos o con la aquiescencia de los guardias, o prolongados períodos en celdas de aislamiento. Las autoridades penitenciarias insisten en que todos los detenidos participen en sesiones de "reeducación" política bajo la amenaza de medidas punitivas. En muchas prisiones, las autoridades no separan a todos los presos preventivos de los condenados ni a los jóvenes de los adultos. Los menores se exponen, además, a la detención indefinida en reformatorios, sin garantías del debido proceso ni una sentencia concreta.

Ø  Las fuerzas represivas han incidido en diversos lugares para realizar sus actos represivos representándose gráficamente la mayor incidencia en las prisiones o centros penitenciarios, en el propio domicilio de la víctima y en la vía pública, demostrando el acoso y la vigilancia contante sobre las víctimas.

Víctimas por géneros

De acuerdo con los datos recopilados en la base de datos la RDDH se pudo identificar que de los 3511 incidentes que afectaron a 3318 víctimas identificadas. Como ha sido común cada periodo, se registraron más hombres 2216 (67 %) que mujeres 1094 (33%).

Es de significar que las víctimas que reportan en este periodo son identificadas según sus vínculos políticos como: Presos políticos 1303, (562 presos del 11J), Activistas y defensores de los Derechos Humanos con 987, Damas de Blanco 280, periodistas independientes 313, familiares de presos políticos con 262. Del total general 743 de las víctimas no tienen vínculos políticos y no pertenecen a ONG alguna.

 De los incidentes de represión reportados en este periodo 921 de las víctimas fueron manifestantes del 11J (562 presos) y 180 son familiares de los manifestantes.

De ese total de incidentes 758 fueron contra personas que reportan violaciones por primera vez y que son nuevas víctimas mostrando un aumento de 447 nuevas víctimas. En su mayoría vinculados a protestas pacíficas y la represión contra los participantes en estas.

Resaltando de los reportes de este mes, un total de 69 incidentes son de violencias contra la mujer. Clasificados 48 como feminicidios.

 Estos hechos de violencia contra la mujer donde se viola el “Derecho a la Vida” en la que le causa la muerte ha ido en incremento en los últimos periodos y las autoridades han tenido conocimiento del acoso a las víctimas en todos los casos antes de que ocurra el hecho, y por no gestionarse por dichas autoridades el enfrentamiento a las conductas feminicidas y no existir una ley que proteja a la mujer se obtiene este resultado negativo y lamentable.

 Del total de incidentes reportados en este periodo, el 55,9 % de las víctimas afectadas e identificadas son ciudadanos afrodescendientes.

Como muestra del nivel alcanzado en este tipo de incidentes es bueno señalar el caso del joven Alejandro Bridón Mesa que fue víctima de un caso de discriminación cuando los trabajadores del centro cultural (Fabrica de Arte Cubano) no dejaron entrar por ser afrodescendiente.

Provincias más afectadas.

De las 15 provincias que componen el país, todas reportan incidentes de represión en este periodo y las más afectadas son: 

• La Habana con 1125 reportes, aumentó en 172 casos comparada con el año 2024 y continúa siendo la más afectada acumulando el 32 % del total reportados en este periodo. Seguida de:

• Santiago de Cuba que con 383 casos, acumuló el 0.9% y muestra un aumento de 171 reportes, comparado con igual periodo del año precedente.

• Matanzas con 347 aunque mostró disminución de 107 casos comparado con el año 2024, en este periodo que se analiza acumuló el 9.9% del reporte general.   

• Villa Clara con 308 casos aumentó en 38 seguido de;  

• Mayabeque con 244 incidentes reportados, 74 casos más que en el periodo anterior.

La distribución por provincias en 2025 comparado con el pasado año 2024 representado en el mapa:

Municipios más afectados:

De los 168 municipios del país 69 reportaron incidentes de represión mostrándose la mayor incidencia en:

Ø  Santiago de Cuba con 341 casos acumula el 9.7% del total de reportes y muestra aumento de 145 incidentes al comparar con el año 2024 siendo el más afectado en el periodo que se analiza. Seguido de;

Ø  Guanabacoa con 237 que aumentó en 19

Ø  Santa Clara con 236 también aumentó en 20 incidentes con relación al año 2024.

Ø  Diez de octubre con 214 aumentó en 40 comparado con el periodo anterior y;   

Ø  Camagüey con 186 aunque muestra aparente disminución de 53 incidentes en 2025 acumuló un 5.3 % del total de reportes.

Conclusiones

Las violaciones de derechos en Cuba evidencian una alarmante tendencia hacia el deterioro de las libertades fundamentales en el país. El aumento significativo en los casos de discriminación y represión política refleja un entorno donde la disidencia es sistemáticamente silenciada y donde la población enfrenta un constante estado de vigilancia y miedo. Este contexto no solo viola los principios básicos consagrados en la Constitución cubana, sino que también contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano en materia de derechos humanos.

Además, la situación carcelaria es profundamente preocupante. Las condiciones inhumanas en las que se encuentran los reclusos, junto con la falta de atención médica adecuada y el abuso sistemático, constituyen violaciones graves. La mezcla de presos preventivos con condenados y la falta de garantías procesales para los menores son prácticas que no solo atentan contra la dignidad humana, sino que también perpetúan un ciclo de violencia y sufrimiento dentro del sistema penitenciario.

El análisis del impacto de género en las violaciones de derechos humanos revela una dinámica preocupante que debe ser considerada en cualquier estrategia de defensa. Si bien los hombres constituyen la mayoría de las víctimas, la significativa representación de mujeres en estos incidentes indica que las violaciones afectan desproporcionadamente a todos los sectores de la sociedad.

La Habana es la provincia más afectada, seguida por Santiago de Cuba y Matanzas en las que se acumula el 52,8% de los incidentes denunciados. Sigue en incremento el feminicidios y violencia de género. Hay un alto porcentaje de víctimas afrodescendientes, sugiriendo discriminación racial. Las autoridades no han tomado medidas efectivas para abordar estas violaciones; por el contrario, el hostigamiento ha aumentado.

El Estado cubano ha reforzado su control y continúa aplicando el Dictamen 475/2025, que amplía el delito de sabotaje y establece penas severas, incluidas cadena perpetua y muerte, para acciones antes consideradas delitos comunes. Esto indica un esfuerzo por mantener el control político y económico a expensas de los derechos humanos.