Informe sobre incidentes de violaciones de DD. HH por represión en Cuba Enero de 2026.

En contexto:

Cuba atraviesa actualmente una de las crisis económicas y sociales más agudas de su historia reciente, caracterizada por una escasez sistémica de bienes básicos, el colapso de los servicios públicos y una inflación galopante. Este escenario de precariedad extrema no solo ha erosionado los derechos económicos y sociales de la población, sino que ha exacerbado las tensiones entre la ciudadanía y el Estado. La creciente incapacidad gubernamental para satisfacer las necesidades mínimas de la vida digna ha generado un clima de frustración social que actúa como catalizador de la protesta pública y el descontento generalizado.

El país mantiene su modelo de partido único que restringe severamente el ejercicio de los derechos civiles fundamentales. El marco legal vigente, reforzado por el Código Penal de 2022, ha institucionalizado la criminalización del disenso, limitando la libertad de expresión, la asociación pacífica y la prensa independiente. La seguridad del Estado ejerce un control estricto sobre la sociedad civil, utilizando el hostigamiento, la vigilancia y la detención de corto plazo como herramientas sistemáticas para inhibir cualquier forma de activismo o crítica política.

La respuesta estatal ante las manifestaciones de descontento popular, especialmente tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021, marcó un punto de inflexión en la situación de los derechos humanos. Se ha documentado un patrón persistente de detenciones arbitrarias, juicios sin las debidas garantías procesales y condenas desproporcionadas contra manifestantes y figuras de la oposición. Estas acciones buscan desarticular los movimientos sociales y enviar un mensaje de disuasión a la población, consolidando un entorno donde el ejercicio de la libertad de reunión es castigado como un atentado contra el orden constitucional.

El presente informe detalla las violaciones documentadas en este complejo entorno de vulnerabilidad política y social.

El presente informe muestra diversas violaciones de DD. HH contra la sociedad civil cubana por parte del Estado. La Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH) ha recopilado y registrado una serie de incidentes de represión en la base de datos, permitiendo esto identificar múltiples violaciones a los derechos humanos.   

Entre el 1ro y el 31 de enero de 2026 se registraron:

299 reportes de violaciones a DDHH.

   9.6 casos como promedio diario.

  272 víctimas identificadas.

     24 incidentes más que en diciembre pasado*

       *Debido a la intensa represión y dificultad para denunciar hechos victimizantes, puede que esta cifra sea un subregistro.

Al igual que periodos anteriores, algunas personas fueron víctimas en más de una ocasión. En el 9 % del total de incidentes fueron afectados grupos determinados de personas.

Incidentes de hostigamiento que más se repiten:

Los incidentes de hostigamiento que más se repitieron durante el mes que se analiza fueron: 

● Discriminación por razones de orientación y/o afiliación política: con 279 incidentes reportados en este periodo, mostrando aumento en 22 casos comparado con el mes de diciembre pasado. Seguido de:

●   Ataque a la integridad física y/o mental: con 273 incidentes reportados, con aumento en 12 incidentes con relación al mes precedente.

●    Amenaza o Intimidación: con 248 reportes, 31 más que diciembre,

●    Acoso y hostigamiento, con un total de 226 incidentes,53 más que el periodo anterior. 

Los actores de los hechos en este periodo son:

●   Oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil 100, el 33,4 % del total,

●    Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria vestidos de completo uniforme 34(+1),

●    Ambos en conjunto (DSE y PNR); 53 actos represivos el 17,7 %.

●    Funcionarios de prisiones 31 (10,4%) hechos.

●    Por representantes del poder judicial 18 hechos, el 6 % del total.

En todos los casos bajo las órdenes, orientaciones y supervisión de la Seguridad del Estado.

En el ámbito de las prisiones los incidentes más denunciados son:  

• Restricción inadecuada o ilegal al acceso de los servicios de salud para las personas privadas de libertad con 19 casos que muestra una aparente disminución de 8 casos, afectando a 11 presos de conciencia, de estos 4 manifestantes del 11J. Seguido de:

• Reclusión o confinamiento en aislamiento con 11 incidentes, aumentó en 1 comparado con el mes de diciembre pasado, 10 contra presos políticos, 8 de ellos manifestantes del 11J. 

Este tipo de incidente es de mucha preocupación por el riesgo que sufren para su seguridad las personas en prisión que son además grupos vulnerables, a quienes someten a tratos inhumanos, crueles y degradantes e incluso torturas, según reportes y testimonios que facilitan conocidos, amistades y familiares de las víctimas.

Las autoridades suelen calificar a los opositores pacíficos al gobierno, a los activistas y a defensores de Derechos Humanos de "contrarrevolucionarios." Pero la invocación por parte del gobierno cubano de los intereses de la Seguridad del Estado para controlar la disidencia no violenta por actos como la libre expresión o publicación en redes sociales de problemas económicos o políticos que afectan al ciudadano, constituye un claro abuso de autoridad. En virtud del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las restricciones de derechos fundamentales sólo se pueden imponer "con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática." Las iniciativas del Gobierno cubano para silenciar a los críticos se salen claramente de estos límites.

Derechos más afectados:

●   Derecho a la no discriminación: con 286 incidentes, lo que muestra aumento de 18 casos comparado con el pasado mes.

●  Derecho a la Libertad de pensamiento, conciencia, culto o religión: con 281 incidentes reportados en este periodo, se incrementó en 24 incidentes comparado con diciembre pasado.

La Constitución cubana protege el derecho a la no discriminación, aunque en la práctica las autoridades lo violan indiscriminadamente. Y el Estado tiene que garantizarlo como derecho universal y erga omnes[1]. Sin embargo, la discriminación por motivaciones políticas se excluye dentro del catálogo de formas de discriminación que están prohibidas por la ley. Esto permite la discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios que deberán decidir si a su juicio esta discriminación es lesiva a la dignidad humana o no. La discriminación por razones de orientaciones y/o afiliación política viola el principio de legalidad, la autoridad abusa de su poder y el Estado le garantiza impunidad.

En el caso de la libertad de pensamiento y conciencia culto o religión, reconocidos en los Art. 54 [2] y Art. 57 [3] de la Constitución, son derechos que no admiten restricción alguna y que por tanto no lo pueden restringir ni criminalizar, sin embargo, el estado cubano lo hace.

●  Derecho a la libertad y seguridad personal.: con un total de 252 violaciones en el mes, aumentando en 25 si comparamos con igual periodo del mes precedente.  Es necesario especificando que de estas 43 (+16) fueron detenciones arbitrarias e ilegales y 31 personas se mantuvieron sitiadas en su vivienda bajo amenazas.  

●  Derecho a la Salud con 19 violaciones en el mes, muestra disminución de 15 comparado con diciembre pasado.

La negación de atención médica que reportó 19(-15) casos en el mes, en esta ocasión 12 contra personas privadas de libertad, 11 presos de conciencia entre los que se encuentran 4 manifestantes del 11J. Esto no solo agrava el estado de salud de estas personas recluidas, sino que también viola principios fundamentales del derecho internacional sobre el trato digno y el derecho a recibir atención médica sin discriminación.

[1] Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

[2] Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

[3] Artículo 57. Toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley.

El Gobierno cubano mantiene a su considerable población penitenciaria en condiciones por debajo de las normas establecidas y en condiciones de insalubridad, en las que los presos se enfrentan al abuso físico y mental. Las prácticas penitenciarias cubanas no se ajustan en numerosos aspectos a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (ONU) para el Tratamiento de los Reclusos, que ofrecen las directrices más autorizadas sobre el tratamiento de presos.

La mayoría de los presos padecen malnutrición, fruto de una dieta insuficiente en las prisiones y languidecen hacinados en celdas sin una atención médica adecuada. Algunos soportan abuso físico y mentales en general por parte de otros internos o con la aquiescencia de los guardias, o prolongados períodos en celdas de aislamiento. Las autoridades penitenciarias insisten en que todos los detenidos participen en sesiones de "reeducación" política bajo la amenaza de medidas punitivas. En muchas prisiones, las autoridades no separan a todos los presos preventivos de los condenados ni a los jóvenes de los adultos. Los menores se exponen, además, a la detención indefinida en reformatorios, sin garantías del debido proceso ni una sentencia concreta.

Ø  Las fuerzas represivas han incidido en diversos lugares para realizar sus actos represivos representándose gráficamente la mayor incidencia en las prisiones o centros penitenciarios, en el propio domicilio de la víctima y en la vía pública, demostrando el acoso y la vigilancia contante sobre las víctimas.

Víctimas por géneros

De acuerdo con los datos recopilados en la base de datos de la RDDH se pudo identificar que de los 299 incidentes que afectaron a 272 víctimas identificadas, como ha sido común cada periodo, se registraron más hombres 172 (63,2 %) que mujeres 100 (36.8%).

Es de significar que las víctimas que reportan en este periodo son identificadas según sus vínculos políticos como: Presos políticos 76, (18 presos del 11J), Activistas y defensores de los Derechos Humanos con 109, Damas de Blanco 23, periodistas independientes 44, familiares de presos políticos con 29. Del total general 97 de las víctimas no tienen vínculos políticos y no pertenecen a ONG alguna.

 De los incidentes de represión reportados en este periodo 50 de las víctimas fueron manifestantes del 11J (18 presos) y 25 son familiares de los manifestantes.

De ese total de incidentes 79 fueron contra personas que reportan violaciones por primera vez y que son nuevas víctimas.

De los incidentes reportados este mes un total de 14 son de violencias contra la mujer, mostrando aumento en 7 al comparar con igual periodo de diciembre de 2025, clasificados 9 como feminicidios. Con estas cifras se acumulan 9 casos de feminicidios en el presente año 2026. Estos hechos de violencia contra la mujer donde se viola el “Derecho a la Vida” en la que le causa la muerte ha ido en incremento en los últimos periodos y las autoridades han tenido conocimiento del acoso a las víctimas en todos los casos antes de que ocurra el hecho, y por no gestionarse por dichas autoridades el enfrentamiento a las conductas feminicidas y no existir una ley que proteja a la mujer se obtiene este resultado negativo y lamentable.

 Del total de incidentes reportados en este periodo, el 55,7 % de las víctimas afectadas e identificadas son ciudadanos afrodescendientes.

Provincias más afectadas.

De las 15 provincias que componen el país, todas reportan incidentes de represión en este periodo y las más afectadas son: 

• La Habana con 131 reportes, mostrando considerable aumento en 54 casos comparada con diciembre pasado y continúa siendo la más afectada acumulando cerca del 44 % del total reportados en este mes de enero. Seguida de:

• Matanzas con 29 que aumentó en 9 incidentes,  

• Santiago de Cuba que con 23 casos muestra igual cifra, comparado con el pasado periodo.

• Camagüey con 21 aumentó en 2 incidentes con relación al mes precedente.

La distribución por provincias en enero de 2026 comparado con el pasado mes de diciembre representado en el mapa:

Municipios más afectados:

De los 168 municipios del país 53 reportaron incidentes de represión mostrándose la mayor incidencia en:

A.    Diez de octubre con 34 caso, acumula el 11,4% del total de reportes y muestra aumento de 22 al comparar con diciembre y es el más afectado en este periodo. Seguido de;

B.    Plaza de la Revolución con 23 aumentó en 13,

C.    Camagüey con 21 aumentó en 6,

D.    Santiago de Cuba con 19 aumentó en 2, y  

E.     Santa Clara con 16 mostro disminución de 2 incidentes con respecto a diciembre pasado.

Conclusiones

El actual periodo se caracteriza por un incremento generalizado de las violaciones de derechos humanos en Cuba, aunque el clima de intimidación y amenaza por parte de agentes estatales genera un subregistro que invisibiliza el alcance real de la represión.

 Mediante el uso sistemático de hostigamientos y detenciones arbitrarias, el Estado ha logrado fomentar la autocensura entre las víctimas y sus familias, obstruyendo cualquier ejercicio efectivo de derechos ciudadanos o búsqueda de justicia.

 Geográficamente, la represión se ha concentrado con mayor fuerza en La Habana, Matanzas y, de manera creciente, en Santiago de Cuba, destacándose un alarmante aumento en los feminicidios y la violencia de género, así como una incidencia desproporcionada en personas afrodescendientes que apunta a una clara discriminación racial.

Lejos de implementar medidas correctivas, el Estado cubano ha blindado su control político y económico a través del endurecimiento legal, ejemplificado en el Dictamen 475/2025; esta normativa expande la figura del sabotaje para imponer penas extremas, incluyendo la cadena perpetua y la muerte, consolidando un entorno donde la supervivencia del régimen se antepone deliberadamente a las garantías fundamentales de la población.