Informe sobre incidentes de violaciones de DD. HH por represión en Cuba agosto de 2025.

El presente informe muestra diversas violaciones de DD. HH contra la sociedad civil cubana por parte del Estado. La Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH) ha recopilado y registrado una serie de incidentes de represión en la base de datos, permitiendo identificar múltiples violaciones a los derechos humanos.   

Entre el 1ro y el 31 de agosto de 2025 se registraron:

183 reportes de violaciones a DDHH.

   5.9 casos como promedio diario.

   175 víctimas identificadas.

     140 incidentes menos que en julio pasado*

Al igual que periodos anteriores, algunas personas fueron víctimas en más de una ocasión. En el 4.4 % del total de incidentes fueron afectados grupos determinados de personas.

Incidentes de hostigamiento que más se repiten:

Los incidentes de hostigamiento que más se repitieron durante el mes que se analiza fueron: 

● Discriminación por razones de orientación y/o afiliación política: con 171 incidentes reportados en este periodo, mostrándose aparente disminución en 137 casos. Seguido de:

●   Ataque a la integridad física y/o mental: con 159 incidentes reportados, mostrándose una disminución de 86 casos en comparación con el mes de julio pasado.

●   Amenaza o Intimidación: con 127 reportes, 138 menos que el mes precedente,

●  Acoso y hostigamiento, con un total de 112 incidentes durante este mes, incidente que también disminuyó en 139 casos con respecto al mes anterior. 

Los actores de los hechos en este periodo son:

●     Funcionarios de prisiones 61 (33.3%).

●  Oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil 53, el 29 % del total,

●      Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria vestidos de completo uniforme 12(-2),

    Ambos en conjunto 12 actos represivos.

●   Por representantes del poder judicial 20 hechos, el 11 % del total, pero en todos los casos bajo las órdenes, orientaciones y supervisión de la Seguridad del Estado.

En el ámbito de las prisiones los incidentes más denunciados son:  

• Restricción inadecuada o ilegal al acceso de los servicios de salud para las personas privadas de libertad con 38 casos, cifra que aumentó en 16, afectando a 22 presos de conciencias, 17 manifestantes del 11J. Seguido de:

• Reclusión o confinamiento en aislamiento con 18 incidentes, disminuyó en uno comparado con el mes de julio pasado, 17 contra presos políticos, 5 de ellos manifestantes del 11J.

Este tipo de incidente es de mucha preocupación por el riesgo que sufren para su seguridad las personas en prisión que son además grupos vulnerables, a quienes someten a tratos inhumanos, crueles y degradantes e incluso torturas, según reportes y testimonios que facilitan conocidos, amistades y familiares de las víctimas.

Las autoridades suelen calificar a los opositores pacíficos al gobierno, a los activistas y a defensores de Derechos Humanos de "contrarrevolucionarios." Pero la invocación por parte del gobierno cubano de los intereses de la Seguridad del Estado para controlar la disidencia no violenta por actos  como la libertad de expresión o publicación en redes sociales de problemas económicos o políticos que afectan al ciudadano constituye un claro abuso de autoridad. En virtud del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las restricciones de derechos fundamentales sólo se pueden imponer "con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática." Las iniciativas del Gobierno cubano para silenciar las voces críticas se salen claramente de estos límites.

Derechos más afectados:

●   Derecho a la Libertad de pensamiento, conciencia, culto o religión: con 170 incidentes reportados en este periodo mostró una aparente disminución de 133 incidentes comparado con julio pasado.

●   Derecho a la no discriminación: con 167 incidentes, 122 casos menos comparado con el pasado mes.

La Constitución cubana protege el derecho a la no discriminación, aunque en la práctica las autoridades lo violan indiscriminadamente. Y el Estado tiene que garantizarlo como derecho universal y erga omnes[1]. Sin embargo, la discriminación por motivaciones políticas se excluye dentro del catálogo de formas de discriminación que están prohibidas por la ley. Esto permite la discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios que deberán decidir si a su juicio esta discriminación es lesiva a la dignidad humana o no. La discriminación por razones de orientaciones y/o afiliación política viola el principio de legalidad, la autoridad abusa de su poder y el Estado le garantiza impunidad.

En el caso de la libertad de pensamiento y conciencia culto o religión, reconocidos en los Art. 54 [2] y Art. 57 [3] de la Constitución, son derechos que no admiten restricción alguna y que por tanto no lo pueden restringir ni criminalizar, sin embargo, el estado cubano lo hace continuamente .

●  Derecho a la libertad y seguridad personal.: con un total de 123 violaciones en el mes, disminuyendo en 126 comparado con el pasado periodo.  Especificando que de estas, 14 fueron detenciones arbitrarias e ilegales.  

●   Derecho a la Salud con 32 violaciones y en el mes muestra diminución, en este caso de 6 incidentes comparado con el mes anterior.

La negación de atención médica que reportó 32 (-6) casos en el mes, en esta ocasión 27 contra personas privadas de libertad, de ellos 22 presos de conciencia entre los que se encuentran 17 manifestantes del 11J. Esto no solo agrava el estado de salud de estas personas recluidas, sino que también viola principios fundamentales del derecho internacional sobre el trato digno y el derecho a recibir atención médica sin discriminación.

[1] Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

[2] Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

[3] Artículo 57. Toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley.

El Gobierno cubano mantiene a su considerable población penitenciaria en condiciones por debajo de la norma de salubridad, en las que los presos además se enfrentan al abuso físico y mental. Las prácticas penitenciarias cubanas no se ajustan en numerosos aspectos a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (ONU) para el Tratamiento de los Reclusos, que ofrecen las directrices más autorizadas sobre el tratamiento de presos.

La mayoría de los presos padecen malnutrición, fruto de una dieta insuficiente en las prisiones y languidecen hacinados en celdas sin una atención médica adecuada. Algunos soportan abuso físico y mentales en general por parte de otros internos o con la aquiescencia de los guardias, o prolongados períodos en celdas de aislamiento. Las autoridades penitenciarias insisten en que todos los detenidos participen en sesiones de "reeducación" política bajo la amenaza de medidas punitivas. En muchas prisiones, las autoridades no separan a todos los presos preventivos de los condenados ni a los jóvenes de los adultos. Los menores se exponen, además, a la detención indefinida en reformatorios, sin garantías del debido proceso ni una sentencia concreta.

Ø  Las fuerzas represivas han incidido en diversos lugares para realizar sus actos represivos representándose gráficamente la mayor incidencia en las prisiones o centros penitenciarios, en el propio domicilio de la víctima y en la vía pública con mucho énfasis a la salida de estos domicilios, demostrando el acoso y la vigilancia contante sobre las víctimas.

Víctimas por géneros

De acuerdo con los datos recopilados en la base de datos la RDDH, se pudo identificar que de los 183 incidentes que afectaron a 175 víctimas identificadas, como ha sido común cada periodo, se registraron más hombres 122 (69,7 %) que mujeres 53(30,3%).

Es de significar que las víctimas que reportan en este periodo son identificadas según sus vínculos políticos como: Presos políticos 74, (53 presos del 11J), Activistas y defensores de los Derechos Humanos con 33, Damas de Blanco 10, periodistas independientes 20, familiares de presos políticos con 12. Del total general 43 de las víctimas no tienen vínculos políticos y no pertenecen a ONG alguna.

 De los incidentes de represión reportados en este periodo 64 de las víctimas fueron manifestantes del 11J (53 presos) y 12 son familiares de los manifestantes.

De ese total de incidentes 42 fueron contra personas que reportan violaciones por primera vez y que son nuevas víctimas.

Según lo reportado este mes,  un total de 7 incidentes fueron de violencia contra la mujer uno más que en igual periodo de julio de 2024, clasificados 6 como feminicidios. Con estas cifras se acumulan 28 casos de feminicidios en el presente año 2025. Estos hechos de violencia contra la mujer donde se viola el “Derecho a la Vida” en la que le causa la muerte ha ido en incremento en los últimos periodos y las autoridades han tenido conocimiento del acoso a las víctimas en todos los casos antes de que ocurra el hecho, y por no gestionarse por dichas autoridades el enfrentamiento a las conductas feminicidas y no existir una ley que proteja a la mujer se obtiene este resultado negativo y lamentable.

  En este periodo se reportaron del total de víctimas identificadas 83 que son ciudadanos afrodescendientes el 47,4 % de los afectados.

Provincias más afectadas.

De las 15 provincias que componen el país, 14 reportan incidentes de represión en este periodo y las más afectadas son: 

• La Habana con 65 reportes, disminuyendo en 76 casos comparada con julio pasado y continúa siendo la más afectada acumulando el 35,5 % del total reportados en este mes de julio. Seguida de:

• Villa Clara con 18 que disminuyó en 18 casos comparado con el periodo anterior y,

• Santiago de Cuba con 17 y Matanzas y con 16 incidentes, disminuyen en 9 y 10 casos respectivamente.

Municipios más afectados:

De los 168 municipios del país, 44 reportaron incidentes de represión mostrándose la mayor incidencia en:

A.           Santiago de Cuba y Guanabacoa con 15 cada uno, siendo los más afectados, disminuyendo en 9 y 8 según corresponda y comparado con julio pasado, seguido de: 

B.           Santa Clara con 13, municipio que disminuyó en 13 casos y

C.           Diez de octubre con 12 también mostrando disminución en 28 incidentes.   

Conclusiones

Durante el periodo analizado, los reportes de incidentes en Cuba reflejan una aparente disminución en el número de casos registrados. Sin embargo, esta tendencia podría estar influenciada por un subregistro significativo, atribuible a la intimidación y amenazas ejercidas por agentes estatales. Estas prácticas han generado un entorno de temor que limita el ejercicio de los derechos ciudadanos y obstaculiza el acceso a la justicia.Las violaciones sistemáticas de derechos humanos se evidencian en el incremento de hostigamientos, detenciones arbitrarias y otras formas de represión, lo que ha fomentado la autocensura entre las víctimas y sus familias. Este patrón de violencia institucional ha tenido un impacto especialmente grave en determinadas regiones, siendo La Habana la provincia más afectada, seguida por Villa Clara, Santiago de Cuba y Matanzas.Se ha observado un aumento preocupante en los casos de feminicidio y violencia de género, así como una alta proporción de víctimas afrodescendientes, lo que sugiere la persistencia de prácticas discriminatorias por motivos raciales. A pesar de la gravedad de estos hechos, las autoridades no han implementado medidas efectivas para prevenir o sancionar estas violaciones; por el contrario, el hostigamiento estatal ha intensificado.En este contexto, el Estado cubano ha reforzado su aparato de control mediante la aplicación del Dictamen 475/2025, el cual amplía la definición del delito de sabotaje e impone penas extremadamente severas —incluidas la cadena perpetua y la pena de muerte— para conductas que anteriormente eran consideradas delitos comunes. Esta normativa refleja una estrategia orientada a consolidar el control político y económico, en detrimento de los derechos fundamentales de la población.