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INFORME PRESENTADO AL COMITE CONTRA LA DISCRIMINACION RACIAL. Organización No Gubernamental: Red en Defensa de los Derechos Humanos -RedDDHH-
- Ren en Defensa de los Derechos Humanos
- hace 1 día
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La Red de Defensa de los Derechos Humanos (RedDDHH) Cuba es un colectivo de activistas sociales, políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos que operan desde dentro de la isla. Fundada oficialmente el 10 de octubre de 2021, tiene como labor fundamental, vigilar, documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos y los abusos contra quienes defienden estas libertades, así como la de impartir talleres de capacitación en diferentes temáticas, entre ellas, derechos humanos.
Nuestra misión se centra en la generación de información precisa destinada a exponer y señalar la situación de los derechos humanos en Cuba. Buscamos apoyar a la sociedad civil cubana y atraer la atención de la comunidad internacional para ejercer presión sobre el gobierno cubano y garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales en el país.
Un objetivo esencial de la Red es producir informes basados en testimonios y pruebas de primera mano. Esta labor es crucial, ya que, en Cuba, las denuncias de violaciones de derechos humanos a menudo carecen de calidad y credibilidad debido a la falta de organizaciones dedicadas a esta tarea. La Red cuenta con el creciente respaldo de personas de todas las provincias de Cuba que comparten nuestra convicción, que actúan como voluntarios lo que nos permite acceder de una manera mucho más fácil y efectiva a la información con la cual trabajamos.
Resumen
El registro documentado por la Red en Defensa de los Derechos Humanos (RedDDHH) confirma un agravamiento crítico y sostenido de la represión en Cuba, donde el año 2025 concluyó con más de 11,000 actos de disenso y 3,511 acciones represivas, lo que representa un incremento de 547 incidentes en comparación con el año anterior. Este escenario de control estatal evidencia un marcado patrón de discriminación racial, ya que el 55.6 % de las 3,310 víctimas registradas en 2025 (1,842 personas) son afrodescendientes, un grupo que además sufre con rigor el hostigamiento dentro del sistema penitenciario, donde se contabilizaron 788 víctimas de este perfil. La tendencia al alza persiste de cara al futuro inmediato, pues enero de 2026 superó con 299 acciones represivas los 275 casos reportados el mes precedente, es decir en diciembre de 2025, consolidando una trayectoria de violencia institucional que la RedDDHH observa desde 2022; periodo en el cual el volumen de violaciones ha escalado drásticamente desde 1,607 incidentes iniciales hasta alcanzar valores actuales que casi triplican esa cifra, arribando a 3511 incidentes en 2025 y donde la población afrodescendiente representó hasta el 55.9 % de los afectados en contraste con el 45.5 % registrado en 2022, demostrando que el sesgo racial y la vulneración de la libertad de expresión son ejes centrales de la política represiva en la isla.
Para avanzar hacia una verdadera equidad racial y justicia social en Cuba, resulta imperativo que el Estado implemente medidas de transparencia y reformas estructurales profundas. Esto incluye la publicación de estadísticas oficiales desagregadas por raza en sectores estratégicos como la salud y el empleo, junto a una auditoría independiente del sistema judicial para erradicar el sesgo discriminatorio que afecta desproporcionadamente a la población afrodescendiente. Asimismo, es fundamental que las autoridades otorguen reconocimiento legal a las organizaciones de la sociedad civil afrocubana, garanticen la protección de los derechos laborales sin discriminación en el sector privado y aseguren un entorno de libertad de expresión donde activistas e intelectuales antirracistas puedan ejercer su participación ciudadana sin temor a represalias estatales.
Contexto:
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, Cuba ha experimentado un retroceso drástico y multidimensional en materia de derechos humanos, donde la crisis sanitaria fue utilizada por el Estado como catalizador para perfeccionar sus mecanismos de control social y represión política. Este periodo comenzó con la aplicación sistemática del Decreto-Ley 370 (conocido como "Ley Azote"), que permitió imponer multas confiscatorias y decomisos de equipos a ciudadanos por el simple hecho de publicar opiniones críticas en redes sociales bajo el pretexto de "difundir noticias falsas". La gestión de la pandemia no solo desnudó la precariedad del sistema de salud pública, sino que institucionalizó la vigilancia comunitaria y el uso de figuras penales como el "desacato" y la "propagación de epidemias" para neutralizar cualquier voz disidente en un contexto de escasez extrema de medicinas y alimentos.
El punto de inflexión definitivo ocurrió con las protestas masivas del 11 de julio de 2021, que marcaron el inicio de una era de criminalización absoluta del derecho a la manifestación pacífica. La respuesta estatal, caracterizada por detenciones arbitrarias a gran escala, juicios sumarios sin garantías procesales y condenas desproporcionadas de hasta 20 años de cárcel, buscó enviar un mensaje de terror para desarticular a la sociedad civil. A partir de este evento, el marco legal se endureció significativamente con la aprobación de un nuevo Código Penal en 2022, que criminalizó el financiamiento externo para organizaciones independientes y amplió el uso de la pena de muerte, y más recientemente con el Dictamen 475/2025, que utiliza el cargo de "sabotaje" para castigar con cadena perpetua actos de protesta vinculados a la crisis energética.Finalmente, este periodo ha consolidado una violación sistemática de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). La persistente crisis electroenergética, la inflación galopante y el colapso de los servicios básicos han empujado a la población a una situación de vulnerabilidad extrema, provocando el mayor éxodo migratorio en la historia de la isla. En este escenario, grupos históricamente marginados, como las mujeres y las personas afrodescendientes, han sufrido de manera desproporcionada el aumento de la violencia de género y el perfilamiento racial. En suma, desde 2020, el gobierno cubano ha transitado de un autoritarismo burocrático a una estructura de control total que prioriza la supervivencia del régimen sobre la vida y la dignidad de sus ciudadanos, cerrando progresivamente todos los espacios para la libertad de expresión y la participación democrática.
En 2025, Cuba enfrentó un agravamiento de las tensiones sociales y políticas, en las que la discriminación racial emergió como una de las problemáticas más visibles y denunciadas, especialmente en el contexto del sistema penal y la represión estatal.Durante el año 2025, la situación de los derechos humanos en Cuba se deterioró significativamente, y la discriminación racial se manifestó con mayor crudeza en varios ámbitos: Este año la RedDDHH logró registrar 3511 incidentes que afectaron a 3310 personas, 547 incidentes más que el año precedente, y del total de víctimas el 55.9 % fueron personas Afrodescendientes, cifra superior al 47.1 % registrada en 2024 y que responde a la cifra de 1538 personas Afrodescendientes victimas de violaciones a sus derechos humanos, un patrón que denota un incremento sostenido en el tiempo en cuanto a la represión contra las personas de raza negra.
Metodología empleada.
Para la elaboración de sus informes, la RedDHH recopila la información a través de los reportes de las redes sociales, información que posteriormente es corroborada para garantizar su veracidad. También recabamos información sobre la situación de las personas privadas de libertad valiéndonos de los testimonios de amigos y familiares de las víctimas. Todo este trabajo es realizado por un grupo de personas denominadas “investigadores” que forman parte de la organización y que realizan un trabajo de monitoreo de cada denuncia o incidente reportado en las redes sociales, pero también sobre el terreno y con el apoyo de voluntarios distribuidos en todo el territorio nacional.
Percepciones sociales, Negación del racismo.
A pesar de la abundante evidencia documentada por la Red de Derechos Humanos y otras organizaciones como el Comité Para la Integración Racial (CiR) y 4Métrica, una parte significativa de la sociedad cubana continúa negando la existencia del racismo. Esta negación se sustenta en la narrativa oficial de una supuesta armonía racial, promovida desde el discurso estatal, que presenta a Cuba como una sociedad igualitaria y libre de discriminación étnica. Sin embargo, esta visión idealizada contrasta con la realidad cotidiana de muchos ciudadanos afrodescendientes.
Por su activismo en el barrio y en la comunidad y por su denuncia permanente contra el racismo y la discriminación a que son sometidos, los Afrodescendientes son castigados.
Las palabras de Osvaldo Navarro, activista afrodescendiente del Comité por la Integración Racial (CIR), resuenan como un crudo recordatorio de la persistencia del racismo en Cuba.
Durante una manifestación en apoyo al Movimiento San Isidro el 22 de noviembre de 2020, Navarro y otros participantes fueron agredidos verbalmente con la frase "Ustedes tienen que agradecer, negros malagradecidos[1], que la Revolución se los ha dado todo".
Recordemos el año 2021 cuando en un intento por descalificar el tema "Patria y Vida" y a sus intérpretes, el régimen y sus voceros recurrieron a comentarios homófobos y a llamar "jinetero" a Yotuel Romero[2]. El hecho de que todos los artistas que intervienen en el vídeo sean negros no podía quedar fuera del ataque oficial
En un tweet publicado en inglés, el exdiplomático Carlos Alzugaray comentó: "Todos estos jóvenes se beneficiaron de las escuelas de arte y música de Cuba. ¿No es sorprendente que todos sean hombres y negros?". En otro mensaje calificó el hecho de "sospechoso".
Estos incidentes ejemplifican una narrativa manipuladora y arraigada que busca someter y desempoderar a la población negra. La constante negación, tanto a nivel social como institucional, de que el racismo constituye un problema estructural en la isla, impide no solo su reconocimiento genuino, sino también la formulación y ejecución de políticas públicas efectivas y necesarias para erradicarlo.
Discriminación en el ámbito laboral en Cuba.
Con la aparición y expansión de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), un fenómeno reciente en el panorama económico cubano, se han identificado, aunque con alguna discrecionalidad, prácticas discriminatorias que reproducen y refuerzan prejuicios raciales. Algunas observaciones apuntan a que muchas MIPYMES priorizan la contratación de personas blancas, estableciendo criterios de selección basados en la apariencia física y los rasgos fenotípicos. Esta tendencia excluye sistemáticamente a personas negras y mestizas de oportunidades laborales, perpetuando así las desigualdades históricas en el acceso al empleo y a mejores condiciones de vida. Para las personas de la raza negra solo están reservados los empleos que requieren mayor esfuerzo físico y que por sus características, solo pueden ser realizados por hombres, limitando las oportunidades de empleo para mujeres, aumentando así la discriminación por razones de género.
La discriminación en el ámbito laboral, especialmente en un contexto de creciente privatización y precarización económica, representa un desafío urgente para la equidad racial en Cuba. Reconocer estas prácticas y visibilizar sus efectos es un paso fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde el color de la piel no determine las oportunidades de desarrollo personal y profesional.
En necesario citar el caso del joven Henry Betancourt conocido en las redes sociales como´´Fugitivo Kings´´ o como Felito en la serie de aventuras Los Pequeños Fugitivos cuyo futuro como actor le fue truncado por el color de su piel y bajo estatus económico viéndose privado de poder continuar con su carrera[3].
Represión generalizada y protestas
El año 2025 cerró con más de 11.000 protestas y actos de disenso, muchas de ellas motivadas por la crisis económica, agravada aún más por la crisis electroenergética, la escasez de alimentos y medicinas, y la represión política. En este contexto, las comunidades afrodescendientes fueron blanco frecuente de acciones represivas, incluyendo detenciones arbitrarias y vigilancia intensificada. Al cierre de 2025, la RedDDHH había registrado 3511 acciones represivas, 547 acciones más que el año 2024 siendo afectadas 3310 víctimas, de ellas, 1842 fueron personas afrodescendientes (el 55.6 %), lo que demuestra un claro patrón de discriminación racial por parte del gobierno o al menos con la anuencia de éste. Es necesario aclarar que, de estas 1842 víctimas afrodescendientes, 788 se encontraban dentro de las prisiones cubanas donde la RedDDHH logró registrar 1316 acciones represivas en total.
Vale destacar que desde 2022 la RedDDHH viene observando comportamientos que denotan un patrón de discriminación racial en la isla pues, aun siendo una organización incipiente, ese año logró registrar, 1607 incidentes de violaciones a los Derechos Humanos, que afectaron a 696 víctimas, de ellas 317 fueron afrodescendientes, el 45.5 %, ya para 2023 se comenzó a observar un incremento sostenido en el tiempo de las violaciones a los derechos humanos registrándose durante todo eso año 2942 acciones contra los derechos de las personas en la isla, que afectaron a 1855 víctimas, de las cuales 983 fueron afrodescendientes, representando al 63 % del total de víctimas afectadas.
Si tomamos las acciones represivas de diciembre de 2025, la RedDDHH documentó 275 acciones, las cuales afectaron a 257 víctimas, de ellas el 49.8 % fueron personas afrodescendientes, con focos importantes en provincias con alta población afrodescendiente como son La Habana y Granma. Ahora si las comparamos con las documentadas en enero de 2026, esta cifra fue superada en 24 acciones represivas pues durante el primer mes del año 2026 se registraron 299 acciones de este tipo lo que corrobora lo denunciado por la RedDDHH sobre el incremento sostenido en el tiempo de las violaciones a los Derechos Humanos de las y los cubanos.
A pesar de que el discurso oficial cubano insiste en la existencia de una igualdad racial plena, la persistencia de prejuicios y narrativas de odio a los que se refiere el activista Juan Antonio Madrazo sigue agudizando las tensiones sociales en momentos de inestabilidad política. Esta fractura se hizo evidente durante las protestas de julio de 2021, donde la respuesta represiva del Estado se cebó de manera desproporcionada con los ciudadanos afrodescendientes de los barrios más empobrecidos. El uso de la fuerza letal contra el joven Diubis Laurencio Tejeda y el alto índice de detenciones arbitrarias documentadas en sectores vulnerables confirman que, lejos de la armonía proclamada, el aparato de control estatal opera bajo un sesgo discriminatorio que criminaliza con mayor rigor a la población afrocubana.
Este patrón de discriminación racial se refuerza con las 533 detenciones arbitrarias registradas por la RedDDHH donde fueron víctimas 304 afrodescendiente, el 57 % del total de detenidos de manera irregular y por los 2472 incidentes de vigilancia y hostigamiento durante el 2025, 1424 contra afrodescendientes, donde se reprimió a defensores de derechos humanos que trabajan contra la discriminación racial como es el caso, por solo citar un ejemplo, del opositor Manuel Cuesta Morua, miembro del CIR , quien fue víctima de detenciones y amenazas y hostigamiento en más de una ocasión durante el pasado año, siendo este tema una de las preocupaciones del Comité reflejadas en el punto 13 de sus observaciones que persisten a pesar de las recomendaciones realizadas por el Comité en el punto 14 para su prevención.
Las detenciones arbitrarias y la vigilancia y hostigamiento tienen un efecto directo en la libertad de expresión, (derecho afectado en 737 ocasiones durante 2025) pues una de sus finalidades es lograr la autocensura de las personas cuyas posturas críticas contra el sistema, resultan contraproducentes a los intereses del gobierno. Los actos de vigilancia y hostigamiento violan el derecho a la libertad y a la privacidad de las personas impidiéndoles realizar una vida normal, vale señalar que una persona víctima de una detención arbitraria, corre el riesgo, como ha sucedido, de que se les violen otros derechos como por ejemplo el derecho al debido proceso, pues muchas de estas detenciones finalizan con el envío a prisión a personas cuyos cargos imputados no gozan de la transparencia requerida.
Al cierre de abril de 2025, los datos de la RedDDHH revelaban una brecha crítica en el sistema penal cubano: de un total de 1,155 prisioneros políticos, el 73% eran personas afrodescendientes. Esta cifra resulta alarmante al contrastarla con la realidad demográfica del país, donde este grupo representa solo el 33.7% de la población total, evidenciando un sesgo racial en la justicia penal.
Este año cerró con 3511 reportes de violaciones a los derechos humanos en el que se vieron involucradas 1850 personas de origen Afrodescendiente, el 55.9 % del total de víctimas registradas (3310). Esta cifra supera en 312 la del año 2024 donde solo se registraron violaciones a los derechos humanos a 1538 personas Afrodescendientes. Podemos citar el caso de Alejandro Bridón Mesa quien fue víctima en 2025 de un caso de discriminación cuando trabajadores del Centro Cultural -Fábrica de Arte Cubano- le impidieron la entrada por ser Afrodescendiente, aunque las conclusiones de la institución[4] hayan estado dirigidas a minimizar lo acontecido.
Represión y sistema penal
El racismo estructural en la sociedad, así como en el sistema penal cubano fue objeto de interés por parte de organizaciones como la Clínica de Derechos Humanos 4Métrica[5], quien realizó un informe al respecto, así como de la propia RedDDHH[6], que también trató este tema en uno de sus informes, cuya información se obtuvo a través de testimonios recogidos en la Isla, así como por las estadísticas generadas en la Base de Datos de la RedDDHH. En estas bases de datos se evidenció que las personas afrodescendientes eran desproporcionadamente detenidas, procesadas y encarceladas, lo que refleja un sesgo racial persistente en la aplicación de la ley. Sobre este tema hizo referencia el activista del Comité contra la Integración Racial -CIR- Juan Antonio Madrazo al denunciar en un artículo de Cubanet de 2020 que funcionarios y medios oficialistas utilizaban términos despectivos como “marginales” y “antisociales” para referirse a comunidades afrodescendientes en barrios como La Güinera, estigmatizándolas como focos de delincuencia. Este discurso, documentado en Cubanet[7] reforzó estereotipos raciales que asocian a los afrodescendientes con comportamientos criminales, alimentando un clima de exclusión social que exacerbó tensiones durante las protestas de 2021.
Iniciativas y desafíos
Aunque existen colectivos antirracistas que trabajan por visibilizar estas desigualdades, su labor se ve limitada por la falta de libertad de expresión y la criminalización de la disidencia.
La ausencia de estadísticas oficiales desagregadas por raza y la censura de investigaciones independientes obstaculizan el análisis riguroso del racismo en Cuba.
Si bien el CERD en el punto 9 le realizó a Cuba como Estado parte una observación sobre el censo y la metodología utilizada para identificar la variable étnico-racial, hay que señalar que existe retraso en la implementación de una nueva metodología que permita obtener información más objetiva al respecto.
Conclusión y recomendaciones
Comprender la dimensión racial en la sociedad cubana requiere un enfoque crítico, multidisciplinario y comprometido con la equidad. Solo a través del reconocimiento de las desigualdades persistentes y del fortalecimiento de espacios de participación ciudadana será posible construir una sociedad más justa e inclusiva, en la que todos los ciudadanos, sin distinción de raza, puedan ejercer plenamente sus derechos.
La -RedDDHH- solicita al Comité Contra la Discriminación Racial:
1. Exija al gobierno cubano la publicación de estadísticas oficiales desagregadas por raza en áreas clave como empleo, educación, salud, vivienda, justicia penal y participación política.
2. Demande una revisión independiente del sistema de justicia penal para identificar y corregir prácticas discriminatorias que afectan desproporcionadamente a personas afrodescendientes.
3. Solicite a las autoridades cubanas el reconocimiento legal y el respaldo institucional a organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las comunidades afrodescendientes.
4. Inste al gobierno cubano la protección de los derechos laborales en el sector privado
5. Reclame al gobierno de Cuba garantías para la libertad de expresión y la participación ciudadana de activistas, intelectuales y colectivos antirracistas sin temor a represalias.
Información de contacto:
Teléfono +53 52 42 87 23
Email: redendefensaddhh@gmail.com
Email: gerardopaezd@gmail.com
[1] Manifestación en apoyo al Movimiento San Isidro
[2] Comentarios homófobos del régimen contra artista Yotuel Romero.
[3] Fugitivo Kings https://www.facebook.com/100058240234256/posts/1043589887592343/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
[4] Comunicado de Fábrica de Arte Cubano
[5] Racismo estructural, represión y exclusión: La situación de los afrodescendientes en Cuba
[6] Informe sobre Discriminación Racial RedDDHH
[7] María Matienzo Puerto (2020) La justicia no alcanza a los negros en Cuba
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